La Asociación Empresarial de Hostelería de Cantabria advierte de que la proliferación de viviendas turísticas irregulares está agravando las dificultades para contratar personal. El problema abre un debate que afecta a muchos destinos españoles: sin alojamiento asequible para los trabajadores, bares, restaurantes y hoteles no pueden sostener su actividad.

La vivienda se ha convertido en un nuevo factor de competitividad para la hostelería española. Ya no basta con encontrar camareros, cocineros, personal de limpieza o recepcionistas: en numerosos destinos turísticos también es necesario que esos profesionales puedan permitirse vivir cerca de su puesto de trabajo.

La última alerta procede de Cantabria. La Asociación Empresarial de Hostelería de Cantabria sostiene que la presencia de alojamientos turísticos que operan al margen de la normativa está reduciendo la oferta residencial, elevando la presión sobre los alquileres y dificultando la incorporación de trabajadores al sector.

Según las cifras trasladadas por su presidente, Eduardo Lamadrid, podría haber más de 3.000 alojamientos turísticos no regularizados en la comunidad. La patronal considera que esta situación produce una doble consecuencia: genera competencia para los establecimientos que cumplen las obligaciones legales y complica el acceso de las plantillas a una vivienda.

Un problema laboral que comienza fuera del establecimiento

La escasez de profesionales suele explicarse por los horarios, la estacionalidad, la formación o las condiciones laborales. Todos estos factores siguen siendo relevantes, pero la vivienda añade una barrera previa: aceptar una oferta deja de ser viable cuando el alquiler absorbe una parte excesiva del salario o no existe alojamiento disponible.

El problema resulta especialmente visible en municipios costeros y localidades con grandes oscilaciones de población durante la temporada turística. La demanda de corta estancia puede coincidir precisamente con los meses en los que hoteles, restaurantes, terrazas y negocios de ocio necesitan reforzar sus equipos.

La consecuencia no es solo una vacante sin cubrir. Un establecimiento con menos plantilla puede verse obligado a reducir horarios, cerrar días adicionales, limitar reservas o prescindir de parte de su terraza. En casos extremos, el empresario termina ofreciendo alojamiento temporal para poder contratar, incorporando a su estructura un coste y una responsabilidad que antes quedaban fuera de la gestión hostelera.

Cantabria revisa miles de viviendas turísticas

El debate coincide con la aplicación del Decreto 50/2025 de Cantabria, que regula las viviendas de uso turístico en la comunidad. La normativa exige documentación como el informe municipal de compatibilidad de uso y la correspondiente declaración responsable.

De acuerdo con los datos comunicados por la Consejería de Turismo y recogidos por Cadena SER Cantabria, de las 6.605 viviendas inscritas hasta el 31 de agosto, 2.762 no habían aportado la documentación requerida y debían ser excluidas del registro. La Administración también informó de 63 expedientes sancionadores y 51 multas, por un importe conjunto de 210.000 euros.

Estas cifras no significan que cada alojamiento pendiente se encuentre en la misma situación jurídica. Los procesos de revisión, subsanación y exclusión deben analizarse individualmente. Sí reflejan, sin embargo, la magnitud del proceso de ordenación que afronta la comunidad autónoma.

La patronal hostelera reclama además más capacidad inspectora. Según la información difundida por la Cadena SER, la asociación afirma que actualmente trabajan cuatro inspectores, frente a los once que considera necesarios para controlar adecuadamente la oferta.

La vivienda también condiciona la calidad del servicio

La dificultad para alojar a los empleados afecta a toda la operación. Las empresas pierden candidatos, aumenta la rotación y se reduce el tiempo disponible para formar a los nuevos profesionales. Los trabajadores que viven lejos deben asumir desplazamientos más largos, algo especialmente complejo cuando los turnos terminan de madrugada y la oferta de transporte público es limitada.

Esa inestabilidad puede trasladarse a la experiencia del cliente. Los equipos incompletos acumulan más carga de trabajo, la atención se ralentiza y crece el riesgo de agotamiento. Por tanto, el acceso a la vivienda no es únicamente una cuestión social o urbanística: influye en la productividad, la rentabilidad y la calidad del servicio turístico.

También puede afectar a la capacidad de crecimiento. Un hotel que no encuentra personal de pisos o un restaurante incapaz de completar su equipo de cocina tendrá dificultades para ampliar habitaciones disponibles, aceptar grupos o extender horarios, aunque exista demanda suficiente.

Un desafío que supera las fronteras de Cantabria

La situación cántabra muestra una tensión presente en otros destinos españoles: el turismo genera actividad económica y empleo, pero la concentración de alojamientos de corta duración puede reducir la vivienda disponible para quienes sostienen esa misma actividad.

La respuesta no pasa por enfrentar automáticamente a hostelería, propietarios y gestores de viviendas turísticas. Las actividades legales forman parte de la economía turística y pueden complementarse. El punto central es garantizar el cumplimiento de las normas, disponer de información fiable y evitar que la oferta irregular obtenga una ventaja competitiva.

Además de la inspección, las administraciones y las empresas pueden estudiar soluciones como bolsas de alquiler para trabajadores temporales, residencias profesionales, colaboración con propietarios, mejora del transporte nocturno o incentivos para movilizar vivienda durante las temporadas de mayor demanda laboral.

La vivienda entra en la agenda estratégica de la hostelería

Durante años, la vivienda se consideró un asunto ajeno a la gestión de bares, restaurantes y hoteles. La realidad del mercado laboral está cambiando esa percepción. En los destinos más tensionados, disponer de alojamiento accesible puede determinar si una empresa abre toda la temporada, mantiene su capacidad o consigue prestar el servicio previsto.

La advertencia lanzada desde Cantabria debería servir para ampliar el debate. El sector necesita formación, mejores herramientas, profesionalización y condiciones capaces de atraer talento. Pero también necesita que los trabajadores puedan vivir a una distancia razonable de los establecimientos.

Sin vivienda no hay plantilla; sin plantilla, la actividad turística pierde capacidad, calidad y competitividad. La política de alojamiento y la política hostelera han dejado de ser dos conversaciones separadas.

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